Por Frank Rodríguez Licenciado en Historia UCV
Introducción
El proceso constituyente que se desarrolla en Venezuela entre 1946 y 1947 es de gran relevancia para entender diversos aspectos relacionados con la historia de las ideas políticas y los cambios políticos experimentados en nuestro país y América Latina a mediados del siglo XX. En el ámbito interno la iniciativa constituyentista expresó el intento de profundización de las transformaciones socio-políticas iniciadas por Acción Democrática a partir del derrocamiento de Isaías Medina el 18 de octubre de 1945. Asimismo, la Asamblea Nacional Constituyente de 1946-1947 es el escenario donde confluyen distintas propuestas ideológicas representadas por diversas organizaciones partidistas que como Acción Democrática (AD), el Partido Comunista de Venezuela (PCV), el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), y la Unión Republicana Democrática (URD), tienen sus orígenes y desarrollo en el período comprendido entre 1928 y 1945; es decir, desde los sucesos de la “Semana del Estudiante hasta la caída del gobierno de Medina.
En cuanto al contexto latinoamericano, tenemos que el escenario constituyente coincide con la irrupción en la primera mitad del siglo XX de una serie de regímenes populistas (varguismo, peronismo) que tenían como finalidad responder a determinadas condiciones comunes de atraso y desigualdad social y económica existente en la región.
Por último, es pertinente destacar que una vez más América Latina ante el fracaso del modelo neoliberal aplicado en la década de los noventa, la región es el escenario de procesos constituyentistas (Venezuela, Bolivia, Ecuador) en el que resurgen viejos debates de nuestro imaginario político.
Contexto mundial, latinoamericano y nacional en el que se inserta la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente
En términos generales, la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1946-1947, coincide con un panorama internacional de mucha complejidad. En este sentido, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), se experimenta el surgimiento de Estados Unidos como potencial mundial. En cuanto a los Estados Unidos, de acuerdo con Dorotea Melcher (1998: 57), el clima político que se experimentó en ese país durante este período contribuyó a atraer la izquierda latinoamericana a su lado: el reconocimiento y la institucionalización del sindicalismo como elemento estabilizador de la economía y del Estado; la democratización y el discurso acerca del hombre de la calle, con sus elementos populistas; la intervención del Estado norteamericano en la economía para frenar y regular las grandes empresas monopolistas y ofrecer empleo y mejores servicios públicos a sus ciudadanos.
Asimismo, tras la Segunda Guerra Mundial se comienza a configurar un mundo bipolar que tendrá su máxima expresión en la llamada Guerra Fría, período en el que EE UU y la URSS se disputaron la hegemonía mundial sin llegar al enfrentamiento armado. En términos generales, la rivalidad empezó por el dominio sobre Europa, con la aplicación del plan Marshall (1947) y la creación de las «democracias populares». En este sentido, ambas potencias lucharan por mantener dentro o atraer a su área de influencia a los países occidentales entre ellos los latinoamericanos. En el caso de nuestro país, de acuerdo con Freddy Vivas Gallardo (1993:24), la coyuntura bélica mundial produce un cambio en el status relacional internacional venezolano con Europa Occidental (Gran Bretaña, Francia y Alemania) y su reinserción en el sistema hegemónico norteamericano.
Para fines de 1946, el comienzo de la Guerra Fría, implicó que en América Latina y en el Caribe se consolidara la hegemonía norteamericana a través del Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca firmado en 1947, la creación de la Organización de Estados Americanos en 1948 y el establecimiento de pactos militares bilaterales entre los Estados Unidos y las fuerzas armadas locales. De esta forma, según Romero (1992: 29-30), la política de contención de la influencia soviética se interpretó en América Latina y el Caribe bajo la idea de la defensa hemisférica y la restricción de la así llamada “función consular” del comunismo regional. En este sentido, durante la Guerra Fría, la política exterior de los Estados Unidos en especial en América Latina, estará orientada a controlar que los regímenes implantados en la región no viraran demasiado hacia la izquierda, lo cual en algunos casos implicó el apoyo a golpes de Estado .
Del mismo modo, Margarita López Maya (1996: 55), señala que entre 1944 y 1948, emergía lo fundamental de la política exterior de los EEUU hacia los países del Continente, a saber: preservar la región como un lugar desde donde poder obtener apoyos políticos y militares para su proyecto de hegemonía mundial. En este sentido, los EEUU se desentendieron de los problemas económicos de América Latina y se concentraron en la colaboración político-militar para asegurar que la zona quedara libre del comunismo y los gobiernos fueran leales en los espacios de deliberación internacional.
Con relación al panorama político en América Latina tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el mismo era en extremo caótico y confuso. En este sentido, durante los años de la Guerra, muchos países latinoamericanos gracias a la recuperación de la demanda de productos primarios, acumularon superávits de sus balanzas comerciales, reservas en divisas, que podían ser canalizadas entre otras cosas, para los esfuerzos de industrialización. Gracias a lo anterior, se produjo una importante transformación de las economías latinoamericanas, que se expresó en un aumento del ingreso promedio de sus habitantes, así como de una mejora en la esperanza de vida al nacer. Lo anterior, generó una serie de expectativas en la población latinoamericana y de demandas sobre el sistema político, que se manifestó en una serie transformaciones socio-políticas llevadas a cabo por gobiernos en los que se mezclaban de acuerdo con las respectivas características nacionales, tendencias agraristas, autoritarias, corporativistas, estatistas, nacionalistas, revolucionarias, populistas, etc.
En cuanto a lo anterior, podemos afirmar que muchas de las tendencias antes mencionadas, se sintetizaron en mayor o menor medida en los regímenes populistas que hicieron irrupción en la América Latina en la primera mitad del siglo XX, con la finalidad de responder a determinadas condiciones comunes de atraso y desigualdad social y económica existente en la región. En opinión de Octavio Ianni (1975: 15-20), uno de los principales estudiosos del populismo latinoamericano, el origen del populismo está ligado a la crisis del Estado Oligárquico. El populismo sucede a una serie de movimientos antioligárquicos de clase media (irigoyismo, tenientismo, por ej.), que estaban revestidos de un espíritu liberal y que buscaban el establecimiento de un estado de tipo Liberal (económica y políticamente hablando), difundiendo una serie de ideas sobre el progreso económico, la reforma institucional, la democratización, la libertad, etcétera. Sin embargo es la nueva estructura de clases, creada por la creciente urbanización, la inmigración campo-ciudad, el desarrollo industrial, el crecimiento del sector de servicios, la que pone en jaque al sistema oligárquico. En esta crisis juegan un papel importante además, tres acontecimientos externos (I Guerra Mundial, Depresión Económica de los 30, y II Guerra Mundial) que funcionaron como rupturas estructurales en las naciones de economía dependiente, como eran las nuestras. Las mencionadas crisis mundiales provocaron convulsiones políticas internas en los países dependientes del capitalismo, como lo eran los latinoamericanos, o propiciaron eclosión de fuerzas políticas, sociales y económicas que se encontraban controladas durante la vigencia de los gobiernos oligárquicos. De esta forma, el populismo histórico latinoamericano correspondió a una fase de las transformaciones del Estado capitalista, en que la burguesía agroexportadora y la burguesía minera y comercial pierden el monopolio del poder político en provecho de las clases sociales urbanas (burguesía industrial, clase media, proletariado industrial, militares, intelectuales).
De acuerdo, Juan Carlos Rey (1998: 118), los partidos políticos populistas latinoamericanos se caracterizan, ante todo, por constituir una coalición de clases y grupos sociales heterogéneos; son esencialmente de carácter policlasista. Por otra parte, dicho autor plantea, que la creación y mantenimiento de tal tipo de coalición puede obedecer a dos tipos de necesidades que eventualmente, entran en contradicción: 1) la de una reorganización del orden sociopolítico existente, mediante la movilización de masas hasta entonces pasivas y su integración a la nación tanto desde el punto de vista de su participación política como económica y social. 2) La conservación y legitimación de un orden socio-político, mediante el reconocimiento de la diversidad de intereses que abarca y el compromiso, la conciliación y transacción entre ellos. En el caso de que predomine la primera necesidad, el régimen tendrá una tendencia más radical, mientras que en el segundo caso, el populismo sea más conciliatorio. Sin embargo, es frecuente que con el tiempo los sistemas populistas se transformen paulatinamente de radicales a conciliatorios (como el en caso de AD después de 1958).
Por su parte, para Peter H. Smith (1997: 91), la mayoría de los regímenes populistas de este período tenían cuatro características centrales. Ante todo, tendían a ser autoritarios: en general representaban coaliciones de un conjunto de intereses (por ejemplo los intereses de los terratenientes) al que por definición se le impedía participar, lo que implicaba cierto grado de exclusión y represión. En segundo lugar, representaban los intereses de clases—los industriales y los trabajadores—que forzosamente tenían que entrar en conflicto entre sí. En tercero, la perduración de esos regímenes, por lo tanto, dependían en gran medida de la influencia personal de dirigentes individuales (como Perón o Vargas). En cuarto, la conciliación de intereses diferentes condujo al uso frecuente de retórica y símbolos unificadores, en particular el más conveniente, el nacionalismo. Las contradicciones internas de las coaliciones populistas significaban además que, con o sin dirigencia y retórica carismáticas, difícilmente podrían sostenerse en condiciones económicas adversas.
En cuanto al gobierno del trienio adeco (1945-1948), si bien contó con algunas de las características de los regímenes populistas señaladas por Rey y Smith, tales como el de ser una coalición de clases heterogéneas (campesinos, obreros, empresarios, industriales), la reorganización del orden político existente mediante la movilización popular, el uso de símbolos y retórica unificadores tales como la lucha contra la oligarquía tradicional (representada en los sectores desplazados del poder, tales como los gomecistas, lopecistas, y medinistas), y el nacionalismo (expresado en la defensa de los intereses nacionales en el campo petrolero). Se fundamentó más en la construcción y organización de un partido de masas de alcance nacional, que en liderazgos carismáticos. En este sentido, si bien Acción Democrática contó con destacados personajes como Rómulo Betancourt, Andrés Eloy Blanco, Luis Beltrán Prieto, y Rómulo Gallegos, entre otros, ninguno de ellos era propiamente un líder carismático al estilo de Getulio Vargas o Juan Domingo Perón.
En definitiva, mediante distintas fórmulas, regímenes como el de Getulio Vargas en Brasil (1930-1954), Juan Domingo Perón en Argentina (1943-1946), Víctor Paz Estenssoro (1952-1956), Jacobo Arbenz en Guatemala (1951-1954), Acción Democrática en Venezuela (1945-1948), entre otros. Produjeron un sistema movilización que pretendía cambiar el orden sociopolítico existente. En el caso de Acción Democrática, tras el derrocamiento de Isaías Medina Angarita (18 de octubre de 1945), procedió a implementar políticas orientadas organizar e incluir a las masas en la política, garantizar el acceso popular a la educación, defender los derechos sociales de los trabajadores, la creación de una fuerza sindical organizada, la destrucción del poder político y social tradicional en el campo mediante la reforma agraria y la organización de los campesinos.
Ahora bien, el mecanismo mediante el cual la Junta Revolucionaria de Gobierno buscó legitimar y consolidar las medidas antes señaladas, fue la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que produjera una nueva Carta Magna, en la que estuvieran reforzados todos los cambios socio-políticos impulsados por Acción Democrática y que al mismo tiempo se le sirviera como un piso jurídico al nuevo gobierno. En este punto es pertinente destacar que Venezuela seguía una tendencia observada en América Latina en este período, es decir, durante la década de los cuarenta, muchas de las transformaciones llevadas a cabo en la región se expresaron en reformas constitucionales o en la redacción de nuevas cartas magnas que estuvieran acordes a los nuevos tiempos. En este sentido, podemos mencionar Argentina (1949), Bolivia (1945 y 1947), Brasil (1946), Costa Rica (1949), Ecuador (1946), Guatemala (1945), Haití (1946), Panamá (1946), Santo Domingo (1947) y Venezuela (1947). De acuerdo con José Miranda (1957: 7), entre 1945 y 1956 se llevan a cabo en América Latina 21 reformas constitucionales, entendidas como aquellas modificaciones extensas que producen nuevas constituciones y que como tales suelen ser promulgadas y aparecen en las colecciones legislativas.
Principales temas debatidos en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente de 1946-47.
El día domingo 27 de octubre de 1946, pudo el pueblo de Venezuela acudir a las urnas electorales para escoger por el voto directo, secreto y universal a los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, obteniendo la mayoría de los escaños AD (137), seguido por COPEI (19), URD (2) y PCV (2) (Bunimov Parra: 1968, 59). Posteriormente, el 17 de diciembre de 1946, se procedió a la instalación formal de la misma, con lo que se daba inicio a la discusión de un nuevo proyecto de Constitución, lo cual generó un intenso debate parlamentario.
Un aspecto a destacar es que las deliberaciones en torno a temas como la libertad, la función social de la propiedad privada, la religión, y la educación, entre otros; se producirán en medio de un clima de acusaciones mutuas de sectarismo, totalitarismo, fascismo, conspiración, etc. En buena medida, lo anterior era expresión de las convergencias y divergencias de los partidos políticos consecuencia de sus diversas concepciones ideológicas. Esto debido a que en la Asamblea Constituyente, estarán representados parlamentarios con visiones diferentes sobre la naturaleza humana, la libertad, las relaciones entre el individuo y el colectivo, entre otros puntos.
Con relación a lo anterior, quisiéramos destacar que las argumentaciones utilizadas por las cuatro fracciones (AD, COPEI, URD y PCV) representadas en la Asamblea Nacional para justificar su posición en torno de algún artículo o decisión contenían según Miriam Kornblith (1989: 293), razonamientos filosóficos-doctrinarios, análisis históricos, referencias a circunstancias políticas nacionales e internacionales, citas de autoridades, documentos partidistas, etc.
Como ejemplo de lo antes mencionado, tenemos la sesión del 1º de febrero de 1947, en la cual el diputado de AD, José Siso Martínez (Colección Pensamiento Político Venezolano Siglo XX: 1983, 155) pedía la palabra para analizar el tema del la libertad en los siguientes términos:
"En cuanto al principio de la libertad, ha sido un valor abstracto y un valor permanente; pero la libertad debe responder a una sociedad determinada y debe tener claramente fijados los límites, para que se haga realidad aquel principio filosófico kantiano, que estipula que la libertad de cada uno termina donde comienza la libertad de los demás".
Lo adelantado por Siso Martínez es importante para comprender como las concepciones ideológicas contribuyeron en la intensidad del debate constituyente. Decimos esto ya que en el caso de la libertad—al igual que otros valores políticos—su concepción y definición está determinada por la postura ideológica. En otras palabras, en torno a temas como el de la libertad se pueden apreciar marcadas diferencias entre doctrinas como el liberalismo y el marxismo, en virtud que mientras la primera hace hincapié en la igualdad, la segunda lo hace en la libertad. Aplicando lo anterior para comprender desde una perspectiva ideológica el proceso constituyente de 1946-1947, tenemos que mientras un parlamentario de inclinación liberal (como por ejemplo un diputado de URD) rechazaría lo planteado por Siso Martínez por imponer límites a la libertad, un marxista (miembro del PCV) lo aprobaría.
En el caso de la propiedad privada, Siso Martínez (Ibid: 155-156), sostiene lo siguiente:
"Y respecto al concepto de la propiedad, también queremos nosotros estipular nuestro criterio. Todas las constituciones demoliberales, las que vinieron después de la Gran Revolución Francesa, han sustentado el principio quiritario, el principio romano de la propiedad, que permitía que el hombre hiciera con su propiedad el absoluto derecho de usar, de gozar y de abusar. Ese principio está completamente desterrado de las modernas doctrinas sociales y de las doctrinas constitucionales modernas. En lugar se levanta un nuevo concepto de la propiedad, tanto en el terreno social como en el jurídico, que estipula lo siguiente: la propiedad no sólo tiene función social, sino que la propiedad es en sí misma una función social, y como tal, la fracción mayoritaria de la Asamblea, estipulará, fijará las reglas para que la propiedad, además de estipular esa función social, sea considerada y elevada a la categoría de precepto constitucional, de que sea en sí una función social".
Debemos acotar que la propuesta de Martínez sobre la función social de la propiedad privada expresa una tendencia constitucional de la época. En otras palabras, en opinión de José Miranda (Ob cit: 232), desde la Constitución mexicana de 1917, que abrió la marcha, precediendo incluso a las Leyes fundamentales europeas, muchos de los Códigos políticos latinoamericanos experimentaron la impregnación socialista y fueron dando cabida en sus páginas, con mayor o menor amplitud, a los derechos sociales declarados por las Constituciones centro-europeas de la primera postguerra. Ahora bien lo más importante de destacar aquí, es que la resignificación de lo social como imperativo político entrañó en esta época, el aumento considerable de los derechos fundamentales, pero también tuvo como contrapartida la limitación o reducción de otros derechos fundamentales, principalmente como el de la propiedad privada y los de naturaleza económica. Esto tendrá como consecuencia, el que las constituciones latinoamericanas de inspiración liberal dieran paso a otras más de corte o tendencia socialista. En definitiva, según Miranda (Ibid: 237-238), entre la década de los 40 y 50, casi todas las constituciones latinoamericanas asignaban a la propiedad una función social.
No obstante a pesar de que la función social de la propiedad privada era una tendencia aceptada en América Latina y en Venezuela en este período, lo mismo no quiere decir que no generara ciertas aprensiones en sectores presentes en la Asamblea. En tal sentido, los representantes de COPEI (Colección Pensamiento Político Venezolano Siglo XX: 35) hacen la siguiente reflexión sobre el tema:
"… creemos en suma, que la propiedad tiene una función social que debe ser consagrada por la Constitución y las leyes. Pero no consideramos adecuada la expresión según la cual el Derecho de propiedad “es una función social”, ya que ello viene a destruir el concepto de ese derecho como atributo natural del hombre y a dejarlo totalmente en manos de la colectividad."
Vinculado también con las ideas políticas y económicas de la época, se encuentra el tema de la intervención del Estado en la economía, sobre lo que Siso Martínez (Colección Pensamiento Político Venezolano Siglo XX: 158) señala lo siguiente:
"Y ahora, respecto al punto fundamental de la intervención del Estado, sobre todo como orientador de la vida económica, como orientador de la vida democrática, debo manifestar que hoy ya no se discute el principio de la intervención del Estado; no se deja a los ciudadanos unos a merced de otros, sino que el Estado interviene ahora en todos sus aspectos, sobre todo para proteger las clases económicamente débiles".
Con relación a lo planteado por Martínez, debemos señalar que en efecto expresa una tendencia extendida y más o menos aceptada en la época como es el de la intervención estatal en la economía. En este sentido, tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) se produjo a nivel internacional una ampliación en el ámbito y la actividad estatal que venía desarrollándose desde el último tercio del siglo XIX. En Gran Bretaña, el Plan Beveridge implantó una economía de tipo mixto con una clara influencia socialista, mientras que en los Estados Unidos, su participación en la guerra afianzó las tendencias intervencionistas del New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Al mismo tiempo en países como Italia, Alemania y la URSS, surgieron movimientos que como el fascismo, nazismo y el comunismo, además de negar principios políticos como la libertad de los individuos, abogaban desde distintas ópticas por la participación y la planificación de la economía por parte del Estado. Durante este período destacó la figura de J. M. Kaynes, quien defendió la promoción del pleno empleo en un contexto de rápido crecimiento económico, mediante el intervencionismo estatal.
En el caso de América Latina los regímenes populistas surgidos entre las décadas de los cuarenta y cincuenta, impulsaron una mayor presencia del Estado en la economía en función del interés social o del pueblo. En tal sentido, en la mayoría de las constituciones aprobadas en la región durante esta época (Venezuela 1947, Argentina1949, Guatemala 1956, se incorporaron aspectos tales como la orientación de la Economía Nacional por parte del Estado, asignando a este el fomento de actividades agrícolas, pecuarias, industriales, y la explotación de recursos energéticos.
Por último, un tópico que suscitó intensas discusiones en la Asamblea Nacional Constituyente, fue el tema educativo. En términos generales, los principales debates giraron en torno a los peligros y amenazas que a juicio de representantes de COPEI y de la Iglesia Católica se cernían sobre la libertad de enseñanza, así como la educación privada y religiosa, en función del monopolio de la educación por parte del Estado. Como expresión de lo anterior, tenemos la intervención en la sesión del día 6 de marzo de 1947, del representante social cristiano Perera (Colección Pensamiento Político Venezolano Siglo XX: 173) en la que comenta lo siguiente:
"… porque si el Estado ejerciese un monopolio absoluto sobre la educación, entonces habría moldes para la opinión, habría moldes para el pensamiento, y de esta manera se acabarían todas las libertades humanas y el hombre y el hombre pasaría a ser de una manera rápida un esclavo del Estado".
Por su parte, el diputado José Manuel Siso Martínez representante de AD, sostenía lo siguiente sobre los límites de la libertad de enseñanza:
"[…] la libertad de enseñanza no puede significar la acracia de la enseñanza, no puede significar el anarquismo de la enseñanza, sino que esa libertad debe estar regulada. Además, la libertad de la enseñanza es una libertad muy íntimamente vinculada a la libertad del pensamiento y muy íntimamente vinculada a la libertad del trabajo […] Todo ciudadano, en realidad, es libre de enseñar; pero como se ha dicho, no es libre de enseñar malas costumbres; no puede enseñar aquello que choque contra los principios de la nacionalidad venezolana y no puede enseñar tampoco aquello que choque contra los principios científicos admitidos hoy (Ibid: 154)".
En definitiva, el tema educativo como se puede apreciar no escapó a las controversias que estuvieron presentes en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, como expresión de las corrientes ideológicas representadas en la misma, y de las transformaciones socio-políticas que se desarrollaban en América Latina en la década de los cuarenta y los cincuenta, de la que formaba el gobierno del trienio adeco.
Consideraciones finales
En definitiva el proceso constituyente que se desarrolla en Venezuela entre 1946 y 1947, es fundamental para entender no solo las transformaciones socio-políticas que se desarrollan en nuestro país en este período tras el derrocamiento de Isaías Medina Angarita (18 de octubre de 1945), sino que también nos permite comprender el complejo escenario que era América Latina en las décadas de los 40 y 50. En este sentido, como hemos mencionado anteriormente, durante esta época irrumpieron una serie de regímenes denominados populistas (varguismo, peronismo), que aunque variaron en algunos aspectos (indigenismo, autoritarismo, coalición de clases, corporativismo), tuvieron en común entre otras cosas el responder a determinadas condiciones comunes de atraso y desigualdad social y económica existente en la región; así como también la movilización popular, el uso de símbolos y retórica unificadores tales como la lucha contra la oligarquía tradicional y el antiimperialismo.
Lo anterior es clave también para comprender como el debate constituyente de 1946-1947, estuvo marcado profundamente por las tendencias constitucionales, políticas, económicas y sociales, imperantes en esta época en América Latina. En consecuencia determinados temas como la amenaza a la propiedad privada expresada en la función social de la misma, el control de la educación por parte del Estado, la intervención del Estado en la misma, fueron sumamente sensibles en la opinión pública de la época y fueron utilizados como arma política por los sectores (oligarquía tradicional) que se consideraban desplazados de los escenarios políticos y que veían en peligro sus privilegios.
Con relación a lo previamente analizado, es pertinente destacar que una vez más América Latina ante el fracaso del modelo neoliberal aplicado en la década de los noventa, las condiciones de pobreza imperante en la región, el descontento ante los sistemas políticos tradicionales, la misma es nuevamente el escenario en el que irrumpen movimientos catalogados como populistas o neopopulistas, muchos de los cuales en buena medida tienen algunas similitudes con los regímenes populistas de las décadas de los cuarenta y cincuenta. Así más allá de sus diferencias (fuerte presencia indigenista en caso de la Bolivia de Evo Morales), (indigenismo-campesinado, en el Ecuador de Rafael Correa), (presencia del líder carismático y el militarismo en el caso venezolano), sobre todo en los casos boliviano, ecuatoriano y venezolano, se aprecian rasgos antes mencionados del populismo, como son la reivindicación de los sectores más depauperados de la población, una fuerte movilización popular, así como el uso de símbolos y retórica unificadores tales como la lucha contra la oligarquía tradicional y el antiimperialismo. A lo anterior, hay que sumar también el redimensionamiento del papel del Estado en la economía, el establecimiento de límites a la propiedad privada, y el predominio de lo colectivo sobre lo individual.
Por último, al igual que la mayoría de los regímenes de los cuarenta y cincuenta, muchos de los procesos de transformación que se vienen desarrollando en América Latina en los últimos tiempos han apelado a Asambleas Constituyentes para impulsar los cambios (económicos, políticos y sociales) necesarios y romper con las estructuras de poder tradicionales. Así tenemos la Asamblea Constituyente instalada en Venezuela en 1999, que derivó en la aprobación de una nueva carta magna (1999), el proceso constituyente al que convocó Rafael Correa recientemente en Ecuador (2007) y el que intenta impulsar Evo Morales en Bolivia pese a la resistencia de ciertos sectores.
En síntesis, nuestro continente es nuevamente el escenario en el que resurgen viejos debates de nuestro imaginario político.
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